El tan promocionado, debatido y comentado plan de ayuda al alquiler de los jóvenes parece estar presentando algunas dificultades de implementación. El aporte de los famosos 210 euros que recibirían los jóvenes cuyas solicitudes el Ministerio de Vivienda aprobara oportunamente, está presentando serios atrasos en sus pagos.
De las solicitudes presentadas, según el informe de junio, 61.444 fueron concedidas, aunque es importante señalar que 4669 lo han sido en forma provisoria. De todos modos, estamos hablando de cifras realmente importantes, ya que solamente 21.671 estaban recibiendo este dinero en forma regular. Esto indica que el 35 % de los jóvenes cuyas solicitudes fueron aceptadas, accedieron a dicha ayuda.
El Ministerio de Vivienda reconoce que en este momento, el atraso en los pagos es generalizado. El problema se debe a que dicho Ministerio ha detectado que un porcentaje importante de esos jóvenes, mantiene deudas con el Estado. Como consecuencia de esto, se reforzaron seriamente los controles, lo que ha redundado en un notorio atraso de todo el procedimiento. Por supuesto que esto no implica que quienes aún no han cobrado, estén incumpliendo sus obligaciones fiscales.
Tal vez el origen de este problema es que inicialmente se pensaba chequear la situación fiscal del solicitante, al empezar el trámite. Posteriormente se decidió que este chequeo sea permanente, lo que suena bastante más razonable.
Lo que no nos parece tan buena idea, es que en la solicitud, en ningún punto figuraba este requisito. La omisión de este punto, según nuestro punto de vista, es difícil de comprender. Si bien la idea es excelente, la planificación ha mostrado ser muy irregular. No se puede omitir ser específico en un requisito tan importante, ni tener un criterio inicial de controlar sólo al inicio, y luego cambiarlo para lo que debió hacerse desde el principio: control permanente de la situación fiscal.
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