La iniciativa de la Generalitat de Cataluña de comprar un importante número de pisos para convertirlos en Viviendas de Protección Oficial (VPO) anunciada días atrás, nos lleva a hacer algunas reflexiones.
El monto que destinarían a este emprendimiento no es nada despreciable: 75 millones de euros, para unas 500 viviendas. Una rápida cuenta nos lleva a un resultado de 150.000 euros promedio por cada una de esas viviendas. Por otra parte, se llevan construidas o están en vías de ejecución, varios miles de soluciones habitacionales por esta vía oficial.
El punto que me resulta mas crítico es definir con claridad cuál es el rol que tiene que cubrir el Estado en estos temas. No hay duda alguna que su papel es muy importante, sobre todo a la hora de encontrar soluciones para los sectores más vulnerables. Es parte de su papel.
Tal vez el problema es ver cómo lo hace. Algunas personas creen, por ejemplo, que ese precio que se pagaría no es el más deseable. Plantean que, por ejemplo, hoy día se puede construir ese número de metros cuadrados por un monto mucho menor. No sé si es así, al menos no lo puedo afirmar con certeza. Pero sí es un hecho que cuando el sector oficial interviene en este tipo de actividades, la sensación de que las cosas no se manejan con el máximo de eficiencia, en cuanto a dinero refiere, es inevitable.
Uno tiene la idea que el Estado no es un buen empresario, y que los empresarios no son buenos estadistas.
Los roles en este juego, uno haciendo negocios y otro controlando (en una medida lógica) suelen no tener los límites muy claros, y cuando eso ocurre los resultados no son buenos.
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